La congestión que están experimentando las empresas con créditos ICO que buscan reestructurar sus deudas para evitar llegar a un concurso de acreedores podría resolverse «en las próximas semanas», según la Administración. Se trabaja en establecer un procedimiento que permita a los bancos obtener la autorización de la Agencia Tributaria al aprobar las condiciones de la reestructuración de deuda de una empresa.
La reciente reforma de la ley concursal introdujo un marco de reestructuración preventiva con el objetivo de que las empresas resuelvan problemas financieros detectados lo antes posible y no terminen en un concurso de acreedores. Sin embargo, la normativa actual requiere que, en caso de afectar a un crédito ICO, los bancos obtengan la autorización de la Agencia Tributaria para aceptar las condiciones de la reestructuración.
El problema radica en que aún no se ha establecido el procedimiento para que la Agencia Tributaria comunique su autorización a los bancos. Actualmente, muchos equipos trabajan en encontrar una solución, reconociendo la necesidad de un equilibrio para proteger los intereses del Estado sin comprometer la viabilidad de las empresas.
La falta de un procedimiento claro ha generado complicaciones para muchas empresas que intentan reestructurar sus deudas y evitar el concurso. Con 1,19 millones de operaciones realizadas bajo el programa de créditos ICO, el 90% destinado a pymes y autónomos, la incertidumbre persiste sobre cómo la Agencia Tributaria gestionará las peticiones y qué sistema utilizará para tomar decisiones en este proceso de reestructuración.
